Según informa El País la Generalitat debe dinero a 28 comunidades de vecinos y es que la morosidad de la
Administración autonómica, a causa de las graves dificultades financieras que
atraviesa la Generalitat, no se reduce a proveedores, adjudicatarios o
beneficiarios de ayudas y subvenciones. El Consell también debe dinero en las
comunidades de propietarios donde el Instituto
Valenciano de la Vivienda (IVVSA) tiene
pisos destinados a sus programas de alquiler social.
Concretamente, a fecha 11
de septiembre, el IVVSA mantenía deudas con 28 comunidades de propietarios,
según una respuesta parlamentaria de la consejera de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, Isabel Bonig, a la diputada socialista María José
Salvador.
Se trata de deudas, “con
fecha de vencimiento entre los meses de junio y agosto”, como especifica la
respuesta, por “gastos de luz, agua, ascensor, etc…”. Su cuantía conjunta es de
37.966 euros.
Del total de 28
comunidades de propietarios en las que el IVVSA tiene deudas, seis corresponden
a la ciudad de Valencia, cinco a Alicante, cuatro a Paterna y otras cuatro a
Castellón, dos a Monòver y una a cada una de las siguientes localidades:
Tavernes de la Valldigna, Xàbia, Torrent, Elche, Manises, Aspe y Bétera.
“Esta es la realidad de la
política de vivienda pública en la Comunidad Valenciana”, señala la diputada
Salvador. “Desde hace poco, el IVVSA ha empezado a cobrar el impuesto de bienes
inmuebles (IBI) a los beneficiarios de alquileres sociales, que son personas
que afrontan dificultades económicas graves. Pero además, el IVVSA debe dinero
a las comunidades de propietarios”.
La diputada se refiere a
la decisión de la consejería de cobrar la contribución urbana a los
beneficiarios de alquileres. El pasado mes de junio, el IVVSA empezó a enviar
cartas en las que comunicaba el cobro del IBI “en virtud del contrato de
arrendamiento de referencia o en su defecto por aplicación de lo dispuesto” en
la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En algunos casos, la
comunicación llegó cuando ya se había cobrado el primer plazo, aprovechando la
domiciliación bancaria del alquiler.
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